|
|
|
|
| |
|
|
ECUADOR
PRESIDENTE CORREA ACUSA A LA PRENSA DE DESPRESTIGIAR A SU GOBIERNO
Por Agencias.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, acusó a la prensa de derecha de tratar de desprestigiar a su gobierno socialista, el cual a su juicio también enfrenta planes desestabilizadores de "los grupos de poder", que especulan mediante el alza de precios.
"Esa es la manera que tienen los grupos de poder para desestabilizar a los gobiernos democráticos", dijo el mandatario en su programa semanal de radio a dos semanas de cumplir el primer año de gestión, que se inició el 15 de enero pasado.
Enfatizó que a partir de enero próximo "ya no aguantaremos más, empezaremos a dar respuestas frontales y firmes a los especuladores que quieren desestabilizar a un gobierno democrático" mediante el alza de precios de los productos básicos como la leche, informó AP.
Asimismo, Correa manifestó que "la estrategia de los medios de comunicación de la derecha es tratar de desprestigiarnos", luego de que el movimiento Alianza País -en el gobierno- fue denunciado de un supuesto incumplimiento en el pago a gente que participó en uno de sus mítines.
Señaló que "esas prácticas de la partidocracia de llevar gente pagada, ofreciendo el oro y el moro, no son de los ciudadanos como ustedes que conformamos Alianza País", que controla una Asamblea de plenos poderes que redacta la nueva Constitución de Ecuador.
En su alocución el jefe de Estado indicó que "empezaremos a responder fuertemente a esa alza de los precios, no permitiremos más especulación", y reiteró su plan de sacar adelante una ley antimonopolios para controlar sectores como del cemento, en manos de la suiza Holcim y la francesa Lafarge.
Enviado el lunes, 31 de diciembre a las 07:48:55 por unidadlatinoamerica
|
| Historia leída 0 veces |
|
|
|
|
La Habana, 28 de Diciembre de 2007
CUBA
La Ley de Ajuste cubano cobra
nuevas vidas (*)
Otra vez al amparo de la Ley de Ajuste Cubano que el gobierno de Estados Unidos utiliza contra Cuba, y con el concurso de traficantes de seres humanos, tuvo lugar en la madrugada del pasado 22 de diciembre un hecho lamentable, al naufragar una lancha rápida procedente de Estados Unidos en la zona de Piedra Alta, en Santa Cruz del Norte, provincia de La Habana, hecho en el que perdieron la vida dos personas.
A las 04:39 horas de ese día, el Oficial de Guardia Superior del Destacamento de Tropas Guardafronteras Habana, informó al Puesto de Mando de la Dirección de Tropas Guardafronteras (DTGF), que un servicio operativo del Puesto Fronterizo de Boca de Jaruco había detenido a un ciudadano en la zona de Piedra Alta, quien manifestó formar parte de un grupo de 15 a 20 personas, que habían realizado una salida ilegal del país a bordo de una lancha rápida procedente del exterior, la cual zozobró y el resto de las personas, incluidas mujeres y niños, se encontraban en el mar.
A partir de ese momento, se desencadenó la búsqueda en el mar con medios aéreos y navales, así como la realización de revisiones terrestres.
Hacia el lugar fueron enviados el Buque Guardacosta-040 y la Lancha Patrullera Rápida-60, así como un helicóptero de la DAAFAR, los que hallaron en la zona objetos pertenecientes al medio naval. También se movilizó un grupo de rescate y salvamento de la Unidad de Bomberos de Santa Cruz del Norte, grupos de alarma de las TGF y un carro patrullero de la PNR.
A las 06:50 horas, la tripulación de la Lancha Patrullera Rápida-60 rescató el cadáver de una mujer de unos 40 años y más tarde el de un ciudadano de 25 ó 30 años, que fueron trasladados al Puesto Fronterizo de Boca de Jaruco.
Como resultado del patrullaje en el área, resultaron retenidas 26 personas (19 hombres y 7 mujeres), acompañadas por dos menores de 9 años. La edad de los mayores oscila entre 20 y 66 años. A 12 les constan antecedentes penales.
Los cadáveres fueron identificados como Yosvani Vera Álvarez, de 29 años de edad, trabajador por cuenta propia (conductor de bici-taxi), residente en el municipio de Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, y Zuleica Rodríguez Pérez, de 43 años, residente en el municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas. Las necropsias realizadas en el Instituto de Medicina Legal establecieron la asfixia por sumersión como la causa de muerte de ambos. A las 22:30 horas del 22 de diciembre fueron entregados los cadáveres a sus respectivos familiares, y posteriormente se realizaron sus sepelios, sin incidentes.
En las entrevistas iniciales, varios involucrados coincidieron en que fueron convocados por familiares residentes en Estados Unidos, para trasladarse al poblado de la Sierrita en Santa Cruz del Norte. A partir de allí, fueron guiados por un ciudadano —sin ubicar—, quien los condujo hacia la entrada de una cueva en la costa, donde se reunieron unas 25 personas.
Otro presunto guía, al parecer se comunicaba por teléfono con los lancheros y fue quien anunció cuándo llegaría la embarcación.
Minutos después llegó a la costa una lancha de color blanco, con la cabina de mando pegada a los dos motores fuera de borda, tripulada por dos individuos. Uno de ellos dio la orden de abordar, señalándoles que apenas tenían 10 segundos para hacerlo, pero producto del oleaje solo pudieron montar 11 personas.
Según los ciudadanos que lograron abordar la lancha rápida, esta se acercó por una zona de arrecifes y uno de los traficantes intentó con sus piernas evitar que la embarcación chocara de forma violenta contra las rocas, lo que se comprobó al verificarse la existencia de huellas de los golpes contra la costa durante la inspección del lugar del suceso.
Los propios náufragos sostienen que desde el momento de la salida, la lancha comenzó a hacer agua, además de presentar fallos en uno de los motores. Estas circunstancias los obligan a regresar a tierra unos minutos después. En tal maniobra, al realizar un viraje brusco, la embarcación dio una vuelta de campana y se hundió de popa a aproximadamente un kilómetro de la costa.
Según esos testimonios, todos comenzaron a nadar para alcanzar la orilla. Uno de los lancheros entregó dos salvavidas a una mujer con una niña (se trata de Yusimí Sánchez Torres y su hija Melisa Chapellí), pero el resto de los náufragos carecía de ese medio. Lograron llegar a la orilla nueve emigrantes ilegales y presuntamente los dos lancheros.
Como resultado de este hecho, recibieron atención médica la menor Melisa Chapellí, por estar muy decaída, así como los ciudadanos Luciano Rodríguez Lozano, por quemaduras con gasolina, y Lester García Soto, por padecer diabetes y requerir insulina. Todos fueron dados de alta por los facultativos.
El Ministerio del Interior informó que las autoridades trabajan en la búsqueda de los lancheros, quienes al parecer lograron internarse en el territorio nacional, dejando abandonados a su suerte a los emigrantes náufragos, entre ellos niños y mujeres.
Y mientras en Cuba continúan las investigaciones de este lamentable hecho provocado por la asesina Ley de Ajuste Cubano, que cobró dos nuevas vidas en su larga lista de muerte, y puso en peligro las de otras 28, incluidos dos menores, en Miami la contrarrevolución propalaba su arsenal de mentiras, que siempre ha acompañado a la mencionada legislación anticubana.
Así, el 26 de diciembre, en el espacio noticias 41, del Canal 41 de Miami, se afirmaba que "25 balseros cubanos murieron en el mar", una versión repetida al día siguiente por el diario The Miami Herald, cuyo escribano también propalaba la falacia de que "Al parecer la embarcación fue detectada y perseguida por patrulleras de Tropas Guardafronteras, y en la persecución chocó con un arrecife, dañándola severamente".
No haría menos la emisora Radio Mambí: "Se dice que la embarcación fue embestida por los guardacostas cubanos¼ , hay 25 muertos y solo han rescatado 11 cadáveres", y agregaba: "ahora hay que esperar los días que vienen para saber toda la verdad, porque el régimen nunca va a decir la verdad".
Lo cierto es que la política agresiva de Washington contra Cuba ha estimulado el inescrupuloso tráfico de personas por grupos que gozan de impunidad en la Florida y utilizan las mismas rutas y medios empleados en las operaciones de narcotráfico en la zona, lo cual afecta incluso a países vecinos, como el caso de México, donde las mafias vinculadas a estos negocios se disputan a tiro limpio el control y las ganancias.
La verdad está dicha. La Ley de Ajuste Cubano es criminal y un instrumento de agresión del gobierno de Estados Unidos y de sus mercenarios de Miami, que apelan a cualquier medio, ya sea la muerte y la mentira, en su desesperación por derrotar a la Revolución.
(*) WWW.GRANMA.CU
|
| Historia leída 0 veces |
|
|
|
|
CHILE
El Ritual de la Desigualdad
ANDRES Velasco, ministro de Hacienda: el puño del neoliberalismo El salario mínimo ha subido este año de 135 mil pesos a 144 mil, que podría alcanzar a 145 mil -¡qué diferencia!- si el crecimiento de la economía supera cierto rango. Un alza de 6,6 por ciento. Un año atrás, el gobierno lo había elevado en 5,8 por ciento. El mayor aumento de 2007 no se debe a un cambio en la mano de Hacienda, ni en una alteración en el espíritu de la Concertación. Se trata de un simple cálculo que pone por delante -¡vaya novedad!- la macroeconomía: ha sido una proyección de mayor crecimiento económico, que, en otras y más sentidas palabras, significa que el gobierno prevé que este año las empresas ganarán más. El léxico que surge del Ministerio de Hacienda y reproducen los medios, califica como una “negociación” a este reajuste; en teoría surge desde los gremios, pasa por Hacienda, supuestamente se discute y se refrenda, finalmente, en el Congreso. El trámite, sin embargo, es bastante más simple. Hay sin duda un ejercicio ritual, que se realiza cada año. Se inicia con una propuesta de la CUT recogida no sin indiferencia por Hacienda. Lo que sale del edificio de Teatinos es, en el fondo, la verdadera propuesta, que no considera en nada las demandas o sugerencias de los trabajadores. Lo que llega al Congreso es un proyecto preaprobado, como aquellos créditos bancarios que requieren finalmente de pocas horas para su sanción. Este ejercicio, que se ha repetido cada año desde la década pasada, refleja la triste realidad no sólo del mundo laboral chileno. Revela también la brecha abismal entre los representantes de los ciudadanos, instalados y bien apernados desde hace más de una década en los poderes ejecutivo y legislativo, y la propia ciudadanía. Ese inútil rito, que aún llaman “negociación”, no alcanza a serlo porque para cualquier negociación ha de haber al menos dos actores con poderes más o menos similares. Como bien se sabe, ni la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ni la gran masa laboral, fragmentada y poco organizada, tienen verdadero poder negociador. Con un gobierno y unos legisladores que tienen sus intereses puestos en otros ámbitos, no ha de extrañar que el salario mínimo se mantenga desde hace años como un ingreso ínfimo que no alcanza a solventar las necesidades mínimas de un trabajador ni, claro está, de su familia. El gobierno utiliza para el cálculo del reajuste, entre otras variables, el crecimiento de la economía, que este año apuntaría hacia un seis por ciento. Pero este indicador dejó de ser hace muchos años una guía para estimar el bienestar de las personas. Si los ingresos de los chilenos hubieran aumentado al ritmo que ha crecido el producto desde comienzos de la década pasada, viviríamos otra realidad. Porque es bien conocido que este crecimiento ha sido sin equidad: un fuerte aumento de las utilidades para las empresas y un magro beneficio para los trabajadores. La equidad requiere de una voluntad política que no ha existido. Tampoco ha funcionado la teoría del rebalse, el argumento -falaz como el que más- de promoción de las bondades del libre mercado. Lo que ha operado es una transferencia de riqueza desde la ciudadanía hacia una minoría representada por la gran empresa privada. Un trasvasije de los recursos, del trabajo, de la riqueza, del esfuerzo en suma, desde la ciudadanía en su conjunto hacia las elites, hacia los poderes fácticos. Un proceso que va desde los pobres hacia los ricos, que son, como se sabe por las estadísticas, cada vez más ricos. Las ganancias de la gran empresa chilena han sido sobresalientes durante los últimos años. Basta mirar los resultados de las compañías mineras, de las dedicadas a los recursos naturales y servicios para comprobar que las tasas registradas en el movimiento del producto chileno están estimuladas por la energía financiera de estos grandes conglomerados. Durante el primer trimestre del año en curso empresas como Minera Escondida, Empresas Copec, Celulosa Arauco, AntarChile, Banco Santander, Cencosud, Enersis, CAP y Falabella, entre otras, aumentaron sus utilidades entre un nueve por ciento (Santander) y un impresionante 380 por ciento (CAP). De todas las ganancias que tuvieron las más de 600 sociedades anónimas inscritas en la Bolsa de Comercio de Santiago, un 94 por ciento de ese incremento lo acaparan exclusivamente diez sociedades que, a su vez, representaron el 47 por ciento de las ganancias del total de empresas del país, según explica un informe de Cenda. El gobierno, los economistas liberales, las cúpulas del gran sector privado agrupadas en la CPC y la Sofofa y, en fin, todos aquellos que han acogido, impulsado y cautelado en Chile la matriz neoliberal, argumentan que un incremento del salario mínimo perjudicaría a la pequeña y mediana empresa, que es la que produce la gran mayoría de los empleos en Chile, muchos de ellos, hay que recordarlo, con ingresos mínimos. Pero este argumento es relativo y bastante espurio. El gran obstáculo para el desarrollo de las pymes en Chile no es el aumento de los costos laborales ni menos el salario mínimo, sino la competencia brutal y desleal de las grandes corporaciones. La plena entrega al laissez-faire de todas las áreas, geografías y sectores, es lo que ha conducido a una pérdida de las cuotas de mercado que tenían las pymes, las que han pasado a engrosar el negocio de la gran empresa. Un fenómeno que hoy no sólo está presente en las áreas productivas y exportadoras, sino también en los servicios, como en el comercio, donde incluso busca los espacios que tenían los pequeños almacenes de barrio. Un proceso sin duda cruel, amparado por la cínica neutralidad del mercado y de sus oficiantes, que es el causante del desempleo, la precariedad laboral, la debilidad y desaparición de las pymes, los bajos salarios y el deterioro de la calidad de vida. Si no existe un real interés por las más débiles unidades económicas, no puede tampoco haberlo por las personas y los trabajadores, que sólo pueden optar a recibir “la red de protección social” cuando se hallan en o muy cerca de la miseria. Por increíble que parezca, en Chile un trabajador que percibe el ingreso mínimo está muy lejos de poder optar a esa red de protección social, y ha de entrar a competir en las intrincadas y difíciles redes del mercado. Aproximadamente un 30 por ciento de los trabajadores chilenos perciben el salario mínimo, en tanto más del 50 por ciento está bajo la cota de los 250 mil pesos. Con estas cifras, el ingreso promedio de los trabajadores en Chile está en un rango de 300 mil pesos. El primer quintil más pobre no llega al cuatro por ciento de los ingresos totales, en tanto el quinto quintil, el más rico, obtiene casi el 60 por ciento, lo que obviamente determina la capacidad de consumo en una sociedad que cada vez más ha puesto todas sus aspiraciones al servicio del mercado y el consumo. La mala distribución del ingreso en Chile, que según estadísticas oficiales coloca al país dentro de los más desiguales del mundo, no se corregirá a través de subsidios a la extrema pobreza -vale recordar que para el gobierno no es pobre quien tiene un ingreso superior a 43 mil pesos- sino mediante el trabajo. Con un salario mínimo de 144 mil pesos, que en no pocos casos es un ingreso familiar, no hay modo de mejorar la calidad de vida ni la distribución de los ingresos. Con ese nivel de salarios, el mercado laboral, el trabajo mismo, es un reproductor de la desigualdad y de la pobreza. Esta abismal brecha en los ingresos ha llevado a crear una cúpula económica y política que forma aquel quinto quintil. Un “primer mundo” que se alimenta del tercero: es como un gran campo de golf en medio de un descampado. Partamos por la dieta de los senadores, cuya base de cinco millones 500 mil pesos es equivalente al sueldo de un ministro de Estado. Pero se eleva a casi quince mi-llones con las asignaciones y asesorías varias. Vale decir que un senador gana 104 salarios mínimos. Un obrero con salario de 144 mil pesos, tendría que trabajar 8,6 años para igualar el ingreso que en un mes alcanza un parlamentario. El ministro de Haciendo gana 38 salarios mínimos y un obrero debería trabajar más de tres años para igualarlo. Y si es así en la elite política, por cierto que también lo es en la privada. Un estudio estableció que los gerentes de las empresas chilenas tienen el más alto nivel de compra comparado con sus pares latinoamericanos, con un ingreso promedio cercano a los cuatro millones de pesos. Sin embargo, estos cargos pueden llegar a un promedio superior a los siete millones mensuales en las empresas grandes y a cifras cercanas a los quince millones para los altos ejecutivos. Y si este es el salario de los gerentes y administradores, en los dueños del capital y directores de empresas los números superan la imaginación de cualquier trabajador chileno. Ante esta abismal brecha entre la opulencia y la miseria, que es una vergüenza nacional amparada por los sucesivos gobiernos de la Concertación, hay voces que surgen desde la ética. Monseñor Alfonso Baeza Donoso propuso hace años que así como existe un salario mínimo, debiera establecerse un salario máximo. Tras el débil maniobrar de la CUT y los desequilibrios en la “negociación”, surge la necesidad de fortalecer las organizaciones sindicales y recuperar la identidad colectiva histórica del trabajador. Sólo con el fortalecimiento de estas instancias, su “empoderamiento”, su capacidad de lucha, será posible hacer demandas que no sólo sean escuchadas, sino otorgadas. Sólo así podría acabar este rito de falsas negociaciones PF (Editorial de “Punto Final” Nº 642, 29 de junio, 2007) |
| Historia leída 0 veces |
|
|
|
|
BOLIVIA ES EJEMPLO DE CAMBIO SOCIAL, AFIRMA RELATOR DE LA ONU*.
LA PAZ .— El relator especial sobre el derecho a la alimentación de Naciones Unidas, Jean Ziegler, aseveró que Bolivia es un ejemplo de país donde las transformaciones sociales favorecen a todos por igual. Luego de casi una semana en La Paz para constatar los avances alcanzados en ese aspecto, el experto explicó a Prensa Latina que los programas de salud y de educación, que cuentan con la cooperación de Cuba, son muestra del cambio que encabeza el presidente Evo Morales, señala Prensa latina Los servicios médicos gratuitos, el programa Desnutrición Cero y la campaña nacional para alfabetizar a un millón 200 mil personas, se corresponden con Objetivos del Milenio señalados por Naciones Unidas, de los cuales otros gobiernos están muy lejos todavía, afirmó. Según el funcionario, la comunidad internacional debería aprender de los avances en democracia en Bolivia, entre ellos la nacionalización de los hidrocarburos, "una decisión ejemplar", opinó. Interpelado sobre su encuentro con el jefe de Estado, afirmó sentir admiración por el liderazgo indiscutible que tiene en su pueblo el primer presidente indígena. El Alto Comisionado respaldó además la aspiración boliviana a ingresar al Consejo Permanente de Derechos Humanos en Ginebra, en reconocimiento a su labor en la materia.
*www.granma.cu |
| Historia leída 0 veces |
|
|
<< Anterior 1 2 3 Proximo >>
|
|
|
|
|
|
|
|
Palabras del Presidente Néstor Kirchner, en el 197º Aniversario de la Revolución de Mayo.